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Cancelada fiscal Elizabeth Rijo niega haber “abofeteado” a conserje

HIGUEY, República Dominicana.- La fiscal Elizabeth Rijo Rijo, cancelada por supuestamente haber abofeteado a una conserje negó las acusaciones y aclaró que “sólo tuvimos un altercado verbal”.


Dijo que durante la discusión, la trabajadora Juana Paniagua Hidalgo le levantó la mano y ella se la agarró, “pero en ningún momento la agredí”.
“Me siento maltratada por el trato que me han dado después de más de 11 años de trayectoria intachable en el Ministerio Público. En mi caso se han violado todos los procedimientos”, precisó.
Alegó que “primero se debió de investigar el caso, luego llevarnos a un juicio disciplinario y, en caso de comprobarse la falta, aplicar sanciones”.
Se quejó de que nunca recibió una notificación por escrito ni fue sometida a un proceso disciplinario en que el que se escucharan ambas partes y se analizaran las pruebas, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Manifestó que la forma en que fue cancelada viola la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley 41-08 sobre Función Pública.
Explicó que su cancelación contraviene el orden Constitucional, específicamente en sus artículos 68 y 69, que establecen las garantías protegidas por el debido proceso de Ley y la tutela judicial efectiva.
Expuso que el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos plantea que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Denunció que “eso no se permitió en este proceso”.
Recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional 0048-12 establece que “el respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adaptación de la decisión sancionatoria, que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación, que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado, y que éste haya podido defenderse”.
Indicó que todo proceso penal o administrativo debe estar regido bajo las garantías mínimas de la oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración.
Denunció que “existen sectores de poder de Higuey que quieren hacernos daño y separarnos del Ministerio Público”.

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